Traducido por Beatriz Oliva
Pedro Cabrera Flores, de 70 años, pasó los últimos ocho veranos empacando ejotes en latas, en la ciudad de Gillett en el estado de Wisconsin. Para volver a ser contratado, Pedro tenía que completar la temporada, pero en agosto, tomó la decisión de dejar su trabajo porque se sentía inseguro, dijo.
A los nuevos trabajadores no se les practicaron pruebas para detectar el coronavirus, mencionó.
“Llegaban y no los ponían en cuarentena”, dijo Cabrera Flores. “Al segundo día empezaban a trabajar, y estas personas venían de lugares donde la pandemia está a todo lo que da”
Seneca Foods, empleador de Cabrera Flores, no hizo comentarios al respecto, a pesar de varias solicitudes que se hicieron.
Mientras otros trabajan desde sus casas durante la pandemia del COVID-19, los trabajadores agrícolas recogen y empacan las frutas y verduras con las que se alimentan los estadounidenses. Estos trabajadores hacen sus labores en condiciones potencialmente peligrosas -con mucha frecuencia viven en condiciones de hacinamiento, toman autobuses llenos de gente, no hay distanciamiento físico en sus puestos de trabajo – y sin que el gobierno federal les garantice las debidas protecciones contra el coronavirus.
Estados como Virginia, Oregón y Washington han implementado sus propias regulaciones para controlar, prevenir y mitigar la propagación del virus entre los trabajadores agrícolas. Sin embargo, hacen falta las órdenes federales, que son necesarias para garantizar que los empleadores garanticen proteger a los trabajadores, dijeron los defensores de éstos.
“Realmente creo que las autoridades estatales y federales, quienes están a cargo de la supervisión de la agroindustria, deben revisar el cumplimiento imperativo para enfrentar el COVID-19”, dijo Daniela Dwyer, abogada de Texas RioGrande Asistencia Jurídica -una organización sin fines de lucro que provee servicios legales a trabajadores migrantes y rurales de escasos recursos económicos-, Dwyer ha pasado años trabajando con la población laboral migrante del estado.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA -por sus siglas en inglés), no lleva un registro de quejas relacionadas con los trabajadores agrícolas, que son en su mayoría trabajadores migrantes; personas que se desplazan dentro de los Estados Unidos a lugares de trabajo, y otros, son beneficiarios de trabajos temporales o que llegan con las visas H-2A (tipo de visa que el gobierno otorga a trabajadores del sector agrícola)
Sin embargo, dicha oficina, ha recibido quejas que involucran a empleadores del sector agrícola, quienes contratan a los trabajadores y los transportan a los diferentes lugares de trabajo.
Hasta el 6 de septiembre, la OSHA había mandado al archivo nueve quejas sobre COVID-19, estas denuncias involucran a empleadores de mano de obra agrícola.
Un empleador de California hizo que al menos tres personas que dieron positivo en la prueba de laboratorio continuaran trabajando sin mascarillas, según datos de OSHA. Otro empleador del mismo estado proporcionó agua caliente a los trabajadores, alegando que el virus hizo que el agua fría fuera “insegura y poco saludable”, según la información.
Doce quejas de empleadores de mano de obra agrícola continúan abiertas. También han sido presentadas dos denuncias relacionadas con el COVID-19, sobre los campos de migrantes; estos son lugares donde viven algunos trabajadores, una de las querellas ya fue cerrada.
Similar a la situación en las plantas empacadoras de carne, en las cuales, datos federales señalan que cerca de la mitad de los casos positivos de COVID-19 se presentan entre la población hispana, la pandemia ha golpeado especialmente a los latinos debido a que estos representan la mayoría de los trabajadores del sector agrícola.
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En el 2018, más del 60% de los trabajadores agrícolas, entre éstos los encargados de la clasificación y la separación de los productos, eran latinos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y aproximadamente tres cuartas partes de los 3 millones de trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero, siendo la mayoría mexicanos, según datos del Centro Nacional de Salud de los Trabajadores Agrícolas.
“Es extremadamente desproporcionado, y desde mi perspectiva un asalto directo a tantos ‘mexicanos y mexicanas’ que trabajan como mano de obra imprescindible y no están debidamente protegidos en los lugares de trabajo”, dijo Erik Nicholson, ex vicepresidente nacional de United Farm Workers, un sindicato con sede en California.
Al menos 16 trabajadores han muerto a causa del coronavirus, según monitoreo de la Red de Información sobre Alimentación y Medio Ambiente. Podría haber muchos más, dijeron los defensores de los trabajadores.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, hasta el 14 de septiembre reportaban casi 2,400 mexicanos fallecidos a causa del COVID-19 en los Estados Unidos. Sin embargo, el informe no incluye la descripción de los puestos de trabajo de estas defunciones.
Cuando Cabrera Flores llegó a su lugar de trabajo en Gillett, el 3 de junio, él iba procedente de Texas donde vive, y tuvo que esperar dos semanas antes de empezar a trabajar, dijo. También se sometió a pruebas de laboratorio para detectar el virus.
“Hasta ahí todo bien”, dijo. “Empezamos a trabajar con normalidad, pero ya después de que empezamos a trabajar fue cuando empezaron los problemas.”
Eso fue cuando a los nuevos trabajadores no les estaban practicando pruebas de laboratorio, dijo. Venían de Laredo, Texas, que tiene un gran brote y de dos ciudades mexicanas en el estado de Nuevo León, que, según datos del gobierno federal mexicano, ahí se registran unos de los mayores focos de infección del país.
En Wisconsin, es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal, la encargada de la regulación de los trabajos agrícolas como el de Cabrera Flores. El estado no supervisa a los empleadores de los trabajadores para verificar que se hagan las pruebas, dijo Tyler Tichenor, un vocero del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin.
La entidad de Wisconsin “no tiene directrices o reglamentos para proteger a los agricultores o a cualquier otro trabajador del riesgo de contraer COVID-19”, dijo.
Desde que Cabrera Flores dejó de trabajar en Gillett algunos empleados le han comentado que la empresa reanudó la práctica de las pruebas. Con todo, a pesar de sufrir un golpe financiero y de perder la posibilidad de regresar el próximo año, Cabrera Flores estaba tan asustado que tomó la decisión de abandonar su trabajo.
Dijo que otros trabajadores no hicieron lo mismo por temor a no poder emplearse en otro trabajo en el futuro.
Consecuencias mortales
A principios del mes de julio, Marco Antonio Galván Gómez, de 49 años, llegó a Texas procedente del centro de México con una visa H-2A, estatus que le permitía trabajar en los Estados Unidos por un determinado período de tiempo. Trabajó cerca de Dalhart, en el norte de Texas, para Blaine Larsen Farms, un productor de papas con establecimientos en tres estados que emplea a cientos de trabajadores con visas H-2A.
Unas tres semanas después, murió, dijo Daniela Dwyer, abogada de Texas RioGrande Asistencia Jurídica.
En una querella presentada ante la OSHA, en contra de Blaine Larsen Farms, la oficina de asistencia legal señaló que los trabajadores no estaban debidamente protegidos.
“Es de nuestro conocimiento que los trabajadores han sido alojados en viviendas colectivas con inadecuadas medidas de prevención ante el COVID-19, al igual, que dichas medidas no se están implementando en el lugar de trabajo”, dice el documento.
Blaine Larsen Farms no hizo comentarios al respecto, a pesar de varias solicitudes que se hicieron.
Dwyer cree que el virus también se propagó a una finca contigua, CSS Farms, que también emplea a trabajadores de México con visa H-2A.
Ambas empresas hacen negocios conjuntamente y algunos miembros de la familia quienes administran Blaine Larsen Farms están empleados en CSS Farms, por lo que hay negocios y contactos sociales entre ambas”, dijo.
Laurie Widdowson, gerente de CSS Farms, dijo que la empresa mantiene a los trabajadores seguros mediante licencias por enfermedad pagadas, equipo de protección personal y reglas de distanciamiento físico.
Pero Widdowson dijo que al menos varios empleados han dado positivo al virus durante las pruebas realizadas.
“Desde el comienzo de la pandemia a escala mundial, cinco empleados de nuestra finca en Dalhart nos han informado (esporádicamente durante ese período de seis meses) que habían contraído el Covid-19”, dijo en un comunicado por correo electrónico. “Se les indicó que siguieran los protocolos de cuarentena del gobierno y que no volvieran al trabajo hasta que recibieran el visto bueno. Afortunadamente, todos se han recuperado.”
El 7 de agosto, la Oficina de Área de Lubbock de la OSHA abrió una investigación sobre CSS Farms, en la que señala preocupaciones con respecto a la salud. Los casos permanecen abiertos.
“Como siempre, CSS Farms cooperará y cumplirá con cualquier auditoría regulatoria para garantizar la seguridad, salud y bienestar permanente de nuestros valiosos empleados”, dijo Widdowson.
Texas no ha emitido regulaciones vinculantes para las empresas empleadoras de migrantes y con H-2A, y el estado ha fallado durante mucho tiempo en la protección de los trabajadores agrícolas, según una investigación de Austin American-Statesman del 2016.
Aunque la OSHA ha abierto investigaciones en Texas, Dwyer dijo creer que algunas quejas no han recibido la atención que merecen.
“No todos los casos son resultado de una investigación con visitas a los lugares de trabajo”, dijo “La razón principal por la que OSHA hace inspecciones es porque consideramos que no se debe confiar exclusivamente en lo que un empleador dice que está haciendo.”
“OSHA investiga todas las quejas y realiza inspecciones cuando corresponde”, dijo una vocera de esta entidad.
Durante la pandemia del COVID-19, OSHA ha contado con el menor número de inspectores de seguridad desde la década de 1970, según el Proyecto de Ley Nacional de Empleo. En junio, un vocero de la entidad dijo que OSHA estaba “contratando activamente” más inspectores.
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Hay temor de un subregistro de casos
En el sur de Illinois, varios campos de cultivos, también conocidos como huertos, traen trabajadores agrícolas cada año durante la cosecha; sin embargo, no se han realizados suficientes pruebas de laboratorio entre los trabajadores de ahí, dijo Karla Grathler, quien es la coordinadora de salud de los trabajadores agrícolas del Servicio de Salud Shawnee con sede en Carterville, Illinois.
En cambio, los empleadores en el área estaban haciendo pruebas a los trabajadores que ya presentaban síntomas, dijo.
“Solamente una empresa aceptó que 23 de sus trabajadores migrantes se sometieran a pruebas de COVID-19, tan pronto como llegaron a nuestra área”, dijo. “La decisión del productor agrícola se basó en el hecho de que estos trabajadores migrantes viajaron y se detuvieron en varios estados con riesgo de exposición. El empresario no quería mezclar a los trabajadores migrantes con sus trabajadores de temporada sin someterlos primero a pruebas de laboratorio.”
La falta de pruebas suficientes podría contribuir a no tener un panorama completo de cuántos trabajadores agrícolas han sido afectados por el coronavirus, dijeron los defensores.
Dwyer, de Texas RioGrande Asistencia Jurídica, dijo que las pruebas masivas en el lugar de trabajo, como en el caso de algunas plantas empacadoras de carne que lo han hecho, son necesarias para rastrear con precisión y prevenir la propagación del virus entre los trabajadores agrícolas.
Los casos de coronavirus también se han reportado poco en el campo de la agricultura debido a la falta de acceso a la atención médica y por el temor a la deportación o a las represalias de los empleadores, dijo.
“Podría haber muchas, muchas personas que están enfermas”, dijo, y agregó que la población de trabajadores está muy sumergida, no cuenta con contactos en la comunidad donde trabajan, que “podrían no tener acceso a la atención médica para saber de verdad si están enfermos.”
Por este motivo, es probable que las autoridades nunca sepan si dieron positivo a la prueba o murieron, dijo.
Además, dijo Baldemar Velázquez, presidente del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas en Ohio, la preocupación por la pérdida de ingresos podría llevar a los trabajadores a evitar someterse a las pruebas.
“Los trabajadores incluso sienten miedo de venir a hacerse la prueba”, dijo. “Piensan que, si se hacen la prueba o tienen cualquier síntoma, ellos van a perder el trabajo, y como consecuencia no les van a pagar y no podrán alimentar a su familia.”
Nicholson, -ex vicepresidente nacional de United Farm Workers– dijo que su sindicato luchó por documentar la propagación del virus debido al estigma entre trabajadores por estar infectados.
“El problema que tenemos es que para muchos trabajadores contagiarse con el virus es algo que ‘da vergüenza’ y la gente no habla de esto, y se mantienen al margen”, dijo.
Nicholson se refirió a la familia de un hombre mexicano que murió en junio a causa del COVID-19 como un ejemplo a tener en cuenta.
Para muchos mexicanos en los Estados Unidos, ser enterrado en sus pueblos de origen en México tiene un significado ceremonial especial. Pero, debido a la enfermedad, la familia de este trabajador no pudo repatriar su cuerpo para enterrarlo en Oaxaca. En lugar de esto, tuvieron que incinerar los restos, lo que iba en contra de sus creencias, dijo Nicholson.
“Si la familia hubiera dicho sencillamente: ‘No, se nos murió alguien’, habrían podido enterrar a su ‘ser querido’ en Oaxaca”, dijo.
