En Michigan, a los trabajadores que son indocumentados y se lesionan en el trabajo se les niegan las prestaciones por pérdida de salarios, basándose "únicamente" en su estatus migratorio, según una demanda.

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En el 2019, en un depósito de empaquetado de verduras en el oeste de Michigan, una carretilla elevadora prensó el pie derecho de María.

Una madre soltera indocumentada, ella, solicitó una compensación para trabajadores por los salarios que habría ganado si no fuera por su lesión, pero le fue negada, dijo. Necesitando el dinero, volvió al trabajo varios meses después de realizarse una cirugía reconstructiva en el pie.

"Sigo batallando enormemente", dijo al referirse al tratamiento de su pie, que requirió otra operación recientemente debido a complicaciones de la primera. "Es un dolor insoportable".

La industria agrícola de Michigan está en plena temporada de cosecha, y muchas de las personas que recogen y procesan las frutas y verduras son indocumentadas. Si bien el trabajo de estas personas hace que la compra de comestibles sea muy práctica, los trabajos conllevan un alto riesgo de lesiones. La compensación de los trabajadores sirve de apoyo a las personas que necesitan tiempo para recuperarse.

Aunque los procedimientos varían, algunos de los principales estados agrícolas, como California y Carolina del Norte, ofrecen ciertas prestaciones a los trabajadores indocumentados que se lesionan. Sin embargo, en Michigan, a los trabajadores indocumentados se les niegan las prestaciones por salarios perdidos basándose "únicamente" en su condición de inmigrantes, según una demanda presentada contra este estado por dos organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores.

El sistema de Michigan ofrece a los trabajadores indocumentados prestaciones para determinados tratamientos médicos, como la rehabilitación. Pero las prestaciones por pérdida de salario son más prolongadas, lo que permite a los trabajadores recuperarse completamente de las lesiones. Sin la protección por pérdida de salario, los trabajadores podrían seguir trabajando a pesar de sus lesiones.

"Esto permite al sector agrícola aprovecharse de sus trabajadores", afirmó David Muraskin, abogado de la organización Public Justice.

Public Justice y Sugar Law Center for Economic and Social Justice presentaron una demanda en contra de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en nombre del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, un servicio de asistencia legal que dijo haber manejado muchos casos como el de María. El caso se presentó en noviembre y está en proceso.

Bobby Leddy, un vocero de la oficina de Whitmer, indicó que no haría ningún comentario sobre los procesos judiciales en curso. Cuando se le preguntó si la gobernadora cree que los trabajadores indocumentados deben recibir compensación por pérdida de salario, Leddy señaló que cualquier cambio en la ley actual debe pasar por la legislatura estatal.

"La gobernadora Whitmer se dedica a ayudar a los trabajadores de Michigan a prosperar y a garantizar que se compense a todos de forma justa según la ley", afirmó.

La Agencia de Compensación por Incapacidad de los Trabajadores de Michigan, encargada de supervisar la compensación de los trabajadores en el estado, no devolvió una solicitud para hacer comentarios al respecto esta semana.

Debido a su condición de inmigrante y al miedo a las represalias de su empleador, María pidió que sólo se utilizara su primer nombre. Investigate Midwest no menciona el nombre de su empleador para proteger también su identidad. Ni la empresa ni María forman parte de la demanda contra el estado.

Las lesiones en el sector de la agricultura son frecuentes, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los índices de lesiones que dieron lugar a días de baja laboral fueron mayores para los trabajadores de la producción agrícola y animal - de 1.4 y 2.1 casos por cada 100 trabajadores a tiempo completo, respectivamente - en comparación con todos los trabajadores del sector privado, que fue de 0.9.

Unos 100,000 residentes de Michigan son indocumentados, según la Asociación de Políticas Públicas de Michigan. Y, cada año, pierden unos 3 millones de dólares debido a las lesiones en el lugar de trabajo y a la imposibilidad de acceder a las prestaciones por pérdida de salario, según una investigación de la Universidad de Michigan.

Cuando María se lesionó el pie, creyó que tenía derecho a una compensación por pérdida de salario.

Cuando yo les decía, 'páguenme los días que yo no voy a trabajar,' me dijeron que no, no tengo ese derecho,” dijo. “Todos mis gastos y mi familia...A ellos no les importó en absoluto si yo me quedaba en la calle. En lo absoluto."

Un juicio en curso

La situación actual tiene sus raíces en una decisión del Tribunal de Apelación de Michigan del año 2003, Sánchez contra Eagle Alloy.

En ese caso, el Tribunal tenía que decidir si un empleador tenía que pagar prestaciones a dos trabajadores indocumentados. Los trabajadores utilizaron documentos falsos para conseguir el empleo. Esto constituía un delito y, según la ley estatal, los empleadores no están obligados a pagar las prestaciones si un trabajador es acusado de un delito.

Una vez que los documentos falsos salieron a la luz, el empleador no podía contratar legalmente a los trabajadores y no tenía la obligación de pagar sus prestaciones, según los registros judiciales.

El Tribunal de Apelación declaró que los trabajadores indocumentados "quedaron incapacitados para obtener o realizar un trabajo "a causa" del cometimiento de un delito". Esto significaba que no tenían derecho a prestaciones salariales semanales consecutivas, dictaminó el tribunal.

Muchos estados, incluido Michigan, no permiten que las personas condenadas por delitos reciban una indemnización por accidente laboral. No obstante, permanecer en los Estados Unidos sin la documentación adecuada no es, en sí mismo, ilegal, según la Unión Americana de Libertades Civiles. Es un delito menor entrar a Estados Unidos sin un pasaporte válido, pero muchas personas indocumentadas entraron al país legalmente y luego sobrepasaron sus visas.

Debido a esto, Public Justice y el Sugar Law Center argumentan en su demanda, la forma en que el estado maneja los reclamos de pérdida de salario de los trabajadores indocumentados viola la ley federal.

Muraskin dijo, basándose en la investigación de las organizaciones, que el lenguaje en el caso de Sánchez parece ser algo atípico.

"Muchos estados tienen leyes que impiden obtener la compensación de los trabajadores si son condenados por un delito", dijo. "Pero el lenguaje de Michigan respecto al cometimiento de un delito es, por lo que sabemos, único. No hemos visto otro estado igual".

Años después de la decisión de Sánchez, el resultado ha sido que a los trabajadores se les niegan los beneficios porque el estado considera que están cometiendo un delito por ser indocumentados, sostienen las organizaciones de derechos de los trabajadores en su demanda.

El Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan incluyó en la demanda un ejemplo de cómo puede ocurrir esto: Dijo que ha observado que las compañías de seguros deniegan las prestaciones por pérdida de salario porque la empresa no puede localizar el número de seguro social de una persona.

El caso sigue vigente ante el Tribunal de Reclamaciones de Michigan, que conoce de los casos presentados contra el estado.

A principios de este año, el estado pidió al Tribunal que desestimara el caso. Pero, a finales de abril, éste permitió que el caso siguiera adelante porque, en parte, el centro de derechos de los inmigrantes había demostrado que existían perjuicios "reales y tangibles".

El centro afirma que se ha visto obligado a dedicar gran parte de sus limitados recursos a tratar casos relacionados con la denegación de prestaciones por pérdida de salario. Sin embargo, el centro no debería hacerlo, pues los trabajadores tienen derecho a estas prestaciones, argumenta.

El jueves, la demanda sobrevivió a otro intento de desestimación y sigue en marcha.

“Me cambió la vida por completo”

María empezó a trabajar en Michigan en el 2005, dijo. Pasó la mayor parte de la última década en el campo, hasta que se lesionó.

Debido a que la carretilla elevadora le fracturó el pie derecho, ya no puede conducir. Ahora que sus hijos son adultos y están todos fuera de casa menos uno, tiene que pagar a alguien para que la lleve al trabajo.

Tampoco puede trabajar tanto como antes, explica. Antes de la lesión, trabajaba más de 60 horas a la semana. Ahora trabaja menos de 50. Tiene que evitar los sembradillos porque los terrenos son desnivelados, podría doblarse el pie y sufrir un gran dolor.

"Ya voy caminando con mucho cuidado,” dijo. “Voy muy lentamente (debido a) porque todavía mi pie...Yo cojeo con mi pie. Me cambió mi vida por completo."

Finalmente, se comunicó con el centro de derechos de los inmigrantes para pedir ayuda, dijo. El proceso de tratar de conseguir sus prestaciones ha sido una experiencia reveladora.

"Pues, ¿qué he aprendido?” preguntó. “Una desilusión de no tener los mismos derechos.”

Traducido por Beatriz Oliva

Imagen de portada: Una cosechadora de azúcar en el Centro de Investigación y Extensión de Saginaw Valley en Frankenmuth, Michigan, en septiembre de 2019. Foto del USDA de Preston Keres