Este reportaje de investigación recibió el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
PARA CUANDO EL SOL SALIÓ sobre las verdes colinas de Harrells, Carolina del Norte, el 23 de junio de 2021, una plataforma metálica carbonizada era todo lo que quedaba de la vieja casa remolque. Una investigación del Departamento de Bomberos local confirmó que el fuego comenzó en la estufa eléctrica de la cocina. Desde allí subió a los armarios, llegó a la sala y dañó los dos dormitorios. La totalidad de la estructura quedó consumida por las llamas en cuestión de 30 minutos. En una foto tomada luego de ocurrido el desastre se podían ver los escombros; los restos carbonizados de un colchón eran el único indicio de que alguien había vivido allí.
Estacionada bajo una espesa arboleda y rodeada de kilómetros de tierras de cultivo, la casa móvil era el lugar donde dos primos, Vicente Gómez Hernández y Humberto Feliciano Gómez pasarían el verano de 2021. Ellos llegaron allí desde San Juan Mixtepec, uno de los municipios del estado de Oaxaca, donde eran parte de la comunidad indígena mixteca. Ahora regresarían a su comunidad en bolsas para cadáveres.
Gómez y Feliciano eran dos de los cientos de miles de trabajadores agrícolas temporales que llegan a Estados Unidos cada año a través del programa de visados H-2A que permite a trabajadores extranjeros obtener empleos temporales en la industria agrícola. Es el programa para trabajadores agrícolas más importante que brinda el gobierno federal y cada año crece más. Sin embargo, para muchas personas que obtienen esta visa, la promesa de un trabajo estable y un salario bien remunerado se convierte en una pesadilla de tráfico de mano de obra, robo de salarios y condiciones de vida inseguras que pueden provocar lesiones o incluso causarles la muerte.
CONCLUSIÓN CLAVE: El programa de visados H-2A es la vía más importante del gobierno federal para conseguir mano de obra agrícola.
La ley federal establece numerosas protecciones para los trabajadores H-2A. Por ejemplo, los empleadores deben cubrir sus costos de traslado, brindarles alojamiento seguro y gratuito, y pagarles un salario competitivo por hora.
Lo que sucede es que estas leyes, tanto las estatales como las federales, con frecuencia no se aplican adecuadamente. La falta de supervisión crea oportunidades para que los trabajadores sean explotados, engañados y abusados.
Una vez que los trabajadores llegan a su destino en Estados Unidos, están a merced de una aplicación de la ley que varía en función de los recursos disponibles en cada estado. Por ejemplo, un reportaje de Investigate Midwest reveló que, en Missouri, la falta de financiación dio lugar a un proceso de inspección poco riguroso del que se abusaba con facilidad y que provocó que los trabajadores H-2A vivieran en condiciones deplorables.
Si los trabajadores caen en manos de un empleador abusivo, tienen pocas opciones. No pueden buscar empleo en otro lugar porque su visa está vinculada a su empleador original. Si abandonan ese puesto, pierden su visa y corren el riesgo de ser deportados. Si denuncian los malos tratos, pueden sufrir represalias y ser vetados tanto por los reclutadores H-2A como por los empleadores, lo que dificulta que vuelvan a trabajar legalmente en Estados Unidos.
“La esencia del programa que otorga las visas H-2A no les permite a los trabajadores tener ningún tipo de control sobre sus lugares de trabajo”, dijo Joan Flocks, profesora emérita de Derecho en la Universidad de Florida, con especialización en leyes que regulan el trabajo agrícola.
Según los especialistas en el tema, por estos motivos, los abusos cometidos contra los trabajadores extranjeros no se denuncian, ya que, de hacerlo, los denunciantes deberán elegir entre recibir un trato justo o tener la oportunidad de ganar más dinero.
En septiembre, el Departamento de Trabajo anunció una serie de normas propuestas para reforzar la protección de los trabajadores H-2A. Entre ellas se incluye hacer más transparente el proceso de contratación y dar a los trabajadores opciones para abogar por mejores condiciones, como trabajar con sindicatos. Las normas están abiertas a comentarios públicos hasta noviembre y, aunque los defensores de los derechos de los trabajadores, incluyendo a United Farm Worker (Unión de Campesinos, en su traducción al español), las apoyan, queda por ver hasta qué punto serán eficaces.
CONCLUSIÓN CLAVE: En septiembre, el Departamento de Trabajo anunció un conjunto de normas propuestas diseñadas para reforzar la protección de los trabajadores H-2A.
La visa H-2A está pensada para brindar una alternativa segura y así evitar que los inmigrantes crucen la frontera ilegalmente, lo que significa un beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores. Con la visa, Gómez y Feliciano esperaban ganar $13.15 por hora por recolectar papas dulces y arándanos, una fruta que nunca habían probado antes de llegar a los Estados Unidos.
Sin embargo, los trabajadores fueron sometidos a condiciones de explotación desde el comienzo. Cuando empezaron a trabajar, ya tenían deudas, vivían en una casa móvil en mal estado y nunca recibieron la totalidad de los pagos que pensaban recibir. Al final, perdieron sus vidas en un incendio cuya causa exacta todavía no se ha determinado.
SEGÚN LOS DATOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS, en la última década, la cantidad de trabajadores que llegan al país amparados por la visa H-2A ha aumentado en forma constante. En 2022, cerca de 300,000 trabajadores llegaron al país; este número representa un aumento del 15% respecto a 2021 y más del triple respecto a los que llegaron en 2012.
Los trabajadores que llegan al país legalmente gracias a la visa H-2A pasan varios meses limpiando los campos, plantando semillas y cosechando frutas y vegetales. Realizan estos trabajos a cambio de un salario que resulta impensado conseguir en sus países de origen. Más del 90% son de México. Sin el trabajo que ellos realizan, la mayor parte de la producción agrícola ni llegaría a las tiendas.
Sin embargo, problemas como los que tuvieron que enfrentar Gómez y Feliciano han plagado el programa desde su creación en 1986.
Los casos de abusos y explotación están bien documentados en todo el país. Algunos ejemplos registrados este año incluyen el caso de un hombre de 28 años que falleció a causa de un golpe de calor en Florida, producto de la falta de agua y descanso a la que era sometido por sus empleadores. En Utah, descubrieron que el presidente de la Dirección de Granjas propiciaba maltratos físicos a uno de los trabajadores inmigrantes y ahora enfrenta una investigación por tráfico de personas. Y en California, revocaron las visas a un grupo de trabajadores luego de que reportaran las malas condiciones laborales. Estas historias nunca acaparan los titulares de las noticias, pero, en 2021, una investigación federal, llamada Operation Blooming Onion, logró que estos casos captaran la atención de todo el país. La investigación de varios años descubrió una operación transnacional de trata de personas, con sede en Georgia, que obligó a más de 100 trabajadores H-2A a soportar condiciones de vida deplorables, que los investigadores calificaron como “esclavitud moderna”.
Desde 2018 a 2020, a través de una línea telefónica habilitada por Polaris Project, una organización sin fines de lucro que lucha contra del tráfico de personas, se identificaron a 2,841 trabajadores extranjeros que eran víctimas del tráfico laboral. Más de la mitad de estos trabajadores denunciaron haber sido amenazados con la deportación tras reclamar condiciones de vida dignas o los salarios que se les debían. Otros denunciaron que sus empleadores retenían o destruían sus documentos de inmigración como medio de control.
INFORMACIÓN CLAVE: Una investigación federal, la Operación Blooming Onion, llamó la atención del país sobre las condiciones inseguras de los trabajadores agrícolas.
Además, casi una cuarta parte de los trabajadores afirmaron que la deuda que contrajeron para obtener su visa H-2A, incluidas las tarifas de contratación no válidas, se utilizó para coaccionarlos a trabajar en contra de su voluntad.
Según los expertos, estos casos no reflejan en toda su magnitud los problemas que plantea el programa H-2A, en parte porque los trabajadores son reacios a denunciar los abusos, pero también porque los organismos responsables de prevenirlos carecen de fondos y personal suficientes para ejercer los controles necesarios.
De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Política Económica, un instituto sin fines de lucro, desde 2006, prácticamente no han aumentado los fondos destinados a la División de Horas y Salario del Departamento de Trabajo, división que debería controlar las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros. En el transcurso de estos años, la cantidad de trabajadores que llegaron al país con la visa H-2A ha aumentado más del 500%.
Como resultado, se reducen a menos de un 1% las probabilidades de que una granja que reciba trabajadores amparados por la visa H-2A sea sujeto de algún tipo de inspección, situación que puede derivar en un mínimo cumplimiento de las leyes laborales. Daniel Costa, director de las leyes de inmigración y de la investigación de políticas del Instituto de Política Económica y autor del informe, dijo en una entrevista que “las granjas tienen libertad de hacer lo que quieran porque hay muy pocas probabilidades de que sean investigadas”.
En una respuesta formulada por escrito, un vocero del Departamento de Trabajo dijo que la agencia “hace un uso estratégico de los fondos asignados por el Congreso” y que “de manera regular, se investigan a los empleadores y a quienes contratan a los trabajadores en las granjas”.
En lo que respecta al alojamiento, el programa H-2A cuenta con regulaciones estrictas, pero, en la práctica, los esfuerzos de las agencias estatales para exigir el cumplimiento de dichas normas han demostrado ser laxos.
Un ejemplo de esto es lo que sucede en Carolina del Norte, estado en el cual, en 2022, solo había ocho funcionarios encargados inspeccionar 2,061 lugares de alojamiento para los trabajadores extranjeros, según el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL). Cada funcionario estaba a cargo de controlar un total de 257 lugares, actividad que se sumaba a sus otras obligaciones, como, por ejemplo, controlar el cumplimiento de las regulaciones federales concernientes al trabajo agrícola o brindar sesiones de entrenamiento en todo el estado.
Por medio de un correo electrónico, desde NCDOL reconocieron el aumento de emisión de visas H-2A en el estado y agregaron que este año recibieron fondos para sumar dos funcionarios al personal. “Mientras más empleadores contraten a trabajadores extranjeros, la Oficina de Salud y Seguridad Agrícola del Departamento de Trabajo Carolina del Norte espera que también aumente el número de lugares registrados que se destinarán a brindar alojamiento. Agradecemos que en el último presupuesto se haya contemplado la incorporación de dos funcionarios enviados por la Asamblea General de Carolina del Norte y, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a recibir a más inspectores que puedan colaborar con el cumplimiento de las tareas asignadas al Departamento”.
En las inspecciones realizadas antes de que fuera utilizada como vivienda, el funcionario de NCDOL no encontró ninguna irregularidad en la casa móvil donde vivieron Gómez y Feliciano. Investigate Midwest revisó una copia del informe, el cual se entregó el 24 de febrero de 2021, meses antes del incendio. No incluía ningún detalle sobre el estado de la casa móvil; solo estaba marcaba una casilla en el formulario de la inspección en la que se afirmaba que cumplía con todas las normas federales. (Según el informe anual de ese año, el 51,9% de las viviendas inspeccionadas por el NCDOL no presentaban infracciones).
Pero un trabajador entrevistado por Investigate Midwest, que pasó el verano anterior en la casa remolque donde murieron Gómez y Feliciano, la describió como apenas habitable.
El trabajador, cuya identidad se mantiene reservada por temor a represalias, dijo que el piso estaba lleno de agujeros y que muchas veces se quedaban sin agua y sin luz. También contó que solo tenían un bote de plástico y un grifo ubicados afuera, en la parte de atrás de la casa móvil, para lavar la ropa y los platos. No había aire acondicionado ni ventiladores y las ventanas estaban tapadas con maderas. Declaró que la casa móvil se encontraba infestada de cucarachas, y que durante la noche, cuando se acostaban en los colchones dispuestos en el suelo, los ruidos de las ratas no los dejaban dormir.
Una vez que los trabajadores están viviendo en una vivienda H-2A, un inspector estatal puede volver para asegurarse de que la vivienda se mantiene adecuadamente. Sin embargo, las inspecciones de seguimiento durante la temporada de cultivo son poco frecuentes.
Según el informe anual del NCDOL presentado en 2022, solo 16 de los 2.052 lugares habilitados por el estado han sido inspeccionados una vez que los trabajadores se encontraban viviendo allí, lo que representa un porcentaje del 0.7%.
Thomas Arcury es un científico de salud pública de la Universidad Wake Forest que ha pasado cerca de 30 años investigando cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas en el estado. Como parte de su investigación, Arcury inspeccionó muchas viviendas mientras los trabajadores vivían allí en la década de 2010. Descubrió que el 41% de las viviendas inspeccionadas una vez ocupadas no cumplían las normas de seguridad estatales, desde infestaciones de roedores y electrodomésticos dañados hasta un número de ocupantes superior al permitido.
“Incluso si aprobaran la inspección, no querrías vivir allí. Si quieres mi opinión, los lugares donde viven los trabajadores agrícolas son peligrosos”, declaró en una entrevista.
Recién en los últimos 15 años se escuchó hablar sobre el programa H-2A en San Juan Mixtepec. Antes de esto, trabajar en los Estados Unidos significaba pagar miles de dólares a un traficante de personas y luego arriesgar tu vida para cruzar la frontera ilegalmente. Era un camino para que muchos, hombres jóvenes en su mayoría, elegían como medio para escapar de la pobreza extrema que golpea a Oaxaca.
En 2019, Gómez se enteró del visado a través de otro primo, Valentino López Gómez, que trabajaba como reclutador H-2A y contratista laboral. Si bien las fincas estadounidenses a menudo contratan trabajadores H-2A directamente a través de reclutadores, cada vez más trabajan a través de contratistas laborales, como López, que funcionan como el empleador oficial. Los defensores de los trabajadores afirman que esto proporciona a los propietarios de las fincas una negación plausible si las cosas salen mal. López, que estaba certificado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, contrató a hombres y mujeres de San Juan Mixtepec y los llevó a Carolina del Norte, donde los subcontrató en fincas locales.
INFORMACIÓN CLAVE: Muchos de los honorarios de contratación ilegal se pagaron con préstamos de alto interés, lo que significa que los trabajadores comenzaron la temporada de cosecha endeudados.
Gómez tenía 39 años, esposa y dos hijos, y necesitaba ganar más dinero. Sobrevivir en San Juan Mixtepec era cada vez más difícil. La sequía estaba acabando con los cultivos que habían mantenido a la comunidad durante milenios. Le habló de la oportunidad a Feliciano, que tenía poco más de 30 años y estaba deseando formar una familia. Al principio, Feliciano no quería ir. Le asustaba viajar tan lejos. Pero Gómez consideró que el visado era seguro y que López era de la familia. Seguro que podían confiar en él para que les cuidara en Estados Unidos.
En 2020, los dos hombres se unieron a otros 38 trabajadores de su pueblo que habían sido reclutados por López para cosechar arándanos en las fincas Ronnie Carter Farms y Hannah Forest Blueberry, en Carolina del Norte. Gómez y Feliciano vivieron ese verano en la misma casa móvil donde se produjo la tragedia al año siguiente, junto con el trabajador que describió las deficientes condiciones de la casa rodante a Investigate Midwest.
No se sabe mucho sobre la experiencia de los primos en ese primer viaje. Pero los familiares dicen que apenas ganaron lo suficiente para cubrir las deudas que contrajeron para llegar hasta allí.
En octubre de 2022, 13 de los trabajadores que López reclutó presentaron una demanda civil en la corte federal del Distrito Este de Carolina del Norte y alegaron que López les cobró comisión por el reclutamiento. Los valores rondaban entre $1.200 y $5.245. De nuevo, según las normas del Departamento de Trabajo, estas comisiones están prohibidas. Muchos de los honorarios se pagaron con préstamos de alto interés, lo que significa que los trabajadores comenzaron la temporada de cosecha endeudados.
Una vez que los trabajadores llegaron a Carolina del Norte, según la denuncia, López les confiscó los pasaportes. Así es como habría coaccionado a los trabajadores: si no hacían lo que él decía, llamaría a la policía de inmigración. Los trabajadores afirman que se negó a reembolsarles los gastos de viaje desde México, como exigen las normas del Departamento de Trabajo. También les obligó presuntamente a trabajar mientras se embolsaba parte o la totalidad de sus salarios. En una ocasión, según la denuncia, López intentó extorsionar a una trabajadora a cambio de favores sexuales.
El caso aún no ha recibido sentencia, pero, si López es declarado culpable, los trabajadores podrán aplicar para la obtención de visas especiales y podrán quedarse en los Estados Unidos de forma permanente.
Ni López ni su abogado respondieron a las múltiples peticiones de comentarios, realizadas por correo electrónico y llamadas telefónicas.
Caitlin Ryland, que representa a los trabajadores en el caso, ha pasado los últimos 15 años en Legal Aid of North Carolina, una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios jurídicos gratuitos. En ese tiempo ha visto cómo los trabajadores H-2A se convertían cada vez más en blanco de conductas delictivas, como la servidumbre por deudas, el fraude y la trata de seres humanos.
“Año tras año escuchamos los mismos hechos horribles de los trabajadores agrícolas que son reclutados para trabajar en fincas de Carolina del Norte y nuestra lista de casos federales de tráfico de personas lo refleja”, escribió Ryland en un correo electrónico a Investigate Midwest.
PUNTO CLAVE: Un abogado dijo que las autoridades estadounidenses son reacias a perseguir el reclutamiento ilegal porque tiene lugar en un país extranjero.
Gómez y Feliciano no eran demandantes en la demanda civil, pero según Ryland figuraban entre los trabajadores a los que el Departamento de Trabajo federal había identificado en el 2020 como deudores de salarios o gastos de viaje que López nunca pagó ni reembolsó.
No obstante, ambos decidieron regresar al año siguiente. Según el relato de sus familiares, ir a Carolina del Norte era la mejor opción que ellos tenían. Esta vez, los trabajadores debieron pagarle a López cerca de $2.000 por las comisiones del proceso de reclutamiento y los gastos de traslado. Se trataba de una pequeña fortuna para la mayoría de las personas que, en sus pueblos, ganaban $12 por día. Los primos tomaron dinero prestado de otros miembros de la comunidad, con un interés del 5%. Era una apuesta arriesgada, pero si todo salía según lo previsto podrían saldar la deuda y seguir trayendo a casa unos 3.000 dólares cada uno.
La experiencia de Gómez y Feliciano es bastante común entre los trabajadores que llegan al país amparados por la visa H-2A. En 2019, el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización internacional dedicada a proteger los derechos de los trabajadores, entrevistó a 100 extranjeros y se les preguntó cómo habían sido sus experiencias. Más de un cuarto de ellos dijo que pagaron una comisión para ingresar al proceso de reclutamiento. Abigail Kerfoot, abogada en el CDM, dijo que el número de víctimas es mayor y que este tipo de abuso es común porque las autoridades se niegan a investigar esta actividad, ya que se desarrolla en un país extranjero.
“Es evidente que hay una relación bilateral entre México y los Estados Unidos que debe tenerse en cuenta”, dijo la abogada.
En una respuesta por escrito, un portavoz del Departamento de Trabajo dijo que, si bien la agencia puede multar e inhabilitar a los reclutadores de mano de obra que cobren honorarios ilegales, “la división no tiene autoridad para hacer cumplir la ley sobre las entidades ubicadas fuera de los EE.UU. y sus territorios”.
UNA TARDE DE MARTES DE JUNIO DE 2021, Gómez y Feliciano volvieron a su caravana después de un largo día cavando batatas. Un tercer trabajador, Luis Rojas, se alojaba con los primos en la caravana. Rojas dormía en la sala de estar, mientras que los primos tenían cada uno un dormitorio. Según la declaración de Rojas al jefe de bomberos del condado, los hombres se tomaron tres cervezas cada uno al final del día. Después, como era habitual, llamaron a sus familias por WhatsApp.
Cerca de las 8 p.m., prepararon pescado frito para la cena y cada uno tomó dos cervezas más antes de irse a la cama.
Alrededor de la 1.30 de la madrugada, según su declaración, Rojas se despertó sintiendo un intenso calor en la cara. La casa rodante se llenaba de humo y vio que la cocina estaba en llamas. Corrió hacia la puerta trasera de la casa, pero no se abría. Mientras Rojas forcejeaba con el picaporte, dijo que escuchó los gritos de Feliciano y le vio dirigirse al dormitorio donde dormía Gómez. Entonces la puerta se abrió y Rojas tropezó con el aire de la noche. Cruzó corriendo la calle hasta una casa donde vivían otros trabajadores para pedir ayuda.
PUNTO CLAVE: Las casas móviles, sobre todo las más antiguas, están fabricadas con materiales sintéticos ligeros y arden con rapidez.
Los hechos ocurridos esa noche pudieron reconstruirse gracias a las declaraciones registradas en el informe del Origen y Causas del Incendio brindado por la Oficina de Prevención de Incendios del Condado Sampson, el relato de Rojas y los testimonios de otros trabajadores que fueron testigos del incendio.
No está claro si Feliciano se fue a la cama o se quedó despierto, pero en algún momento decidió preparar algo de comer. Encendió la estufa eléctrica, que tenía solo dos hornillas. El investigador dijo que el incendio se pudo haber originado de dos maneras distintas: “por la falla de una pieza de la estufa” o por “negligencia de los ocupantes”. Así que es posible que Feliciano iniciara accidentalmente un incendio de grasa que se extendió rápidamente fuera de control. O podría haber sido la estufa la que estuviera defectuosa y provocara la primera llama.
Sabemos que el fuego alcanzó a Feliciano y los investigadores sugieren que él pudo haber corrido hacia el baño para tratar de apagar el fuego en su ropa. No se sabe si, esa noche, la casa móvil tenía agua. Aparentemente, Gómez permaneció dormido. La inspección realizada pocos meses antes y previo a la llegada de los trabajadores no dice nada acerca del funcionamiento de los detectores de humo, pero Rojas afirma no haberlos escuchado. Investigate Midwest solicitó hablar con el inspector para aclarar la información, pero la solicitud fue rechazada.
Tanto el jefe de la Oficina de Prevención de Incendios del Condado como el subjefe se negaron a dar declaraciones sobre este caso a Investigate Midwest.
A la 1:35 de la madrugada, un trabajador que vivía en una casa próxima al remolque corrió a alertar a Lucas Carter, que vivía cerca. Carter, que era el propietario del remolque y figuraba como presidente de la finca en su informe anual, llamó a los bomberos. Carter no respondió ninguna de las tres llamadas telefónicas que se le hicieron para que brindase declaraciones al respecto.
Otros trabajadores intentaron rescatar a Feliciano y a Gómez, pero no pudieron lograrlo debido al calor y las llamas. Las casas móviles, en especial las más viejas, están fabricadas con materiales sintéticos livianos que ayudan a la rápida expansión del fuego. Su estrecha estructura puede atrapar a las personas en su interior. Los trabajadores arrancaron una parte del revestimiento de la casa rodante y abrieron una abertura en el dormitorio de Gómez. Gómez estaba inconsciente, así que lo sacaron en el colchón.
Treinta minutos después de iniciarse el incendio, llegaron los paramédicos y los bomberos, pero no pudieron reanimar a Gómez. Feliciano fue encontrado muerto en el baño.
En su informe, los investigadores especulan con la posibilidad de que Feliciano provocara el incendio como consecuencia de su estado de embriaguez. El médico forense del condado determinó que Feliciano tenía un nivel de alcohol en sangre del 0,3%, o casi tres veces el límite legal en Carolina del Norte, lo que sugiere que estaba “agudamente intoxicado”. El nivel de alcohol en sangre de Gómez era aproximadamente la mitad.
CONCLUSIÓN CLAVE: En el caso de Carolina del Norte, los investigadores no pudieron descartar la posibilidad de que la estufa dañada ocasionara el siniestro.
La hipótesis descrita por los investigadores es ciertamente plausible, pero hay razones para pensar que el estado de la casa rodante podría haber desempeñado un papel en lo ocurrido aquella noche, y no son las menos importantes los problemas bien documentados de las viviendas H-2A en todo el país.
En este caso, los investigadores no pudieron descartar la posibilidad de que la estufa rota provocara el incendio. Y el estado de la casa remolque, según lo descrito por el trabajador que vivió allí con Gómez y Feliciano el verano anterior, difiere significativamente de lo que sugiere el informe de inspección previo a la ocupación aprobado por el NCDOL, que no encontró ninguna infracción.
También Rojas, en su declaración como testigo, describió la caravana como “asquerosa”, dijo que habían pasado una semana sin agua caliente y que nunca le habían dicho cómo utilizar el extintor de incendios ni le habían dado instrucciones sobre qué hacer en caso de incendio u otra emergencia. Por último, aunque el informe de inspección del NCDOL no mencionaba ningún problema con los detectores de humo de la casa, Rojas dijo que no los había escuchado y, según el informe del jefe de bomberos, Lucas Carter, el propietario de la casa, no pudo confirmar que los detectores funcionaran la noche del incendio.
SEGÚN LOS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE OAXACA, nadie, ni López ni Lucas Carter, les llamó después del incendio. Fue otro trabajador, también de San Juan Mixtepec, quien llamó a un familiar de Gómez para darle la noticia. El desastre había sucedido tan lejos y les habían dado tan pocas explicaciones que durante semanas muchos familiares no creyeron que hubiera ocurrido realmente. Revisaban ansiosos sus teléfonos, esperando un mensaje de WhatsApp de uno de los hombres para aclarar lo que debía haber sido un malentendido. Pero un mes después, cuando sus cuerpos llegaron a casa, todos se vieron obligados a aceptar la nueva realidad.
En San Juan Mixtepec es tradición rezar durante ocho días junto al cuerpo del ser querido fallecido, mientras la familia recibe a los dolientes. Cada día, cerca de 200 personas se acercaron a despedir a Feliciano. La familia sirvió bebidas, sopa de menudos y panecillos dulces. La familia de Gómez recibió a sus allegados y todos rezaron por él.
Al cabo de ocho días, Feliciano fue enterrado y la familia pudo por primera vez consuelo. Pero ahora, además del coste de los servicios funerarios, tenían que hacer frente a la deuda de Feliciano, que rondaba los $11.000.
CONCLUSIÓN CLAVE: Los reclutadores son locales de San Juan Mixtepec y cobran a sus vecinos entre 1,000 y más de 5,000 dólares por solicitudes de visado que se supone son gratuitas.
La familia de Feliciano pidió dinero prestado, sin intereses, a familiares que se encontraban en los Estados Unidos para devolver el dinero que los vecinos le habían prestado. Ahora el padre de Feliciano trabaja en otras fincas para pagar a la familia, dejando desatendidos sus propios cultivos y animales.
Cada año, alrededor de 250 personas oriundas de San Juan Mixtepec llegan a los Estados Unidos gracias a la visa H-2A. Tal como sucede con López, los reclutadores son oriundos del mismo lugar y cobran entre $1.000 y más de $5.000 por las solicitudes para obtener la visa, trámite que se supone es gratuito. Los autoridades del pueblo sostienen que el programa H-2A les brinda oportunidades económicas, pero cada vez se muestran más preocupados por las condiciones de abuso reportadas por los trabajadores.
Rey Martínez López, representante de la comunidad de San Juan Mixtepec, dijo que muchos trabajadores, luego de pasar una temporada en los Estados Unidos, regresan sin el dinero suficiente para devolver lo que tomaron prestado para pagar las comisiones. “Cuando esto sucede, los reclutadores los extorsionan y, en el peor de los casos, los chantajean y amenazan, a pesar de que las empresas en Estados Unidos ya pagaron a los reclutadores por cada persona que llevaron”, declaró.
Martínez sostiene que ninguna de las familias de los trabajadores fallecidos recibió algún tipo de indemnización por parte del gobierno de los Estados Unidos o de los empleadores. Él cree que los trabajadores deberían recibir un seguro de vida para que sus familias puedan ser atendidas económicamente. Más importante aún, dijo Martínez, es que el gobierno estadounidense investigue y castigue a los reclutadores corruptos.
En diciembre de 2022, el Departamento de Trabajo inhabilitó a López para trabajar como contratista de trabajadores extranjeros por tres años luego de comprobar que él “confiscaba los pasaportes de los trabajadores apenas llegaban al lugar, debía el pago de varias semanas a más de una docena de trabajadores, no reintegró los gastos de traslado y les cobró comisiones de entre $150 y $8.000 para que pudieran ingresar al programa” durante las temporadas de siembra de 2020 y 2021. También recibió una multa de $62.531. La investigación permitió recuperar 58.039 dólares en salarios adeudados a 72 trabajadores. Su inhabilitación durará hasta 2025, momento en el que se le podría permitir reanudar su trabajo como contratista laboral.
PUNTO CLAVE: En diciembre de 2022, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos inhabilitó, o prohibió, a un reclutador trabajar como contratista de mano de obra extranjera H-2A durante tres años después de una investigación.
En San Juan Mixtepec, mientras tanto, donde la mayoría de las casas tienen suelos de tierra y carecen de plomería interior, la casa de López ocupa un lugar prominente en la ladera de una colina. La estructura de dos pisos, construida con cemento y estuco blanco, está rodeada por un alto muro de bloques de hormigón con una imponente verja de hierro.
La gente de la comunidad dice que no ha visto a López en el lugar desde hace años. En su ausencia, la casa sirve como recordatorio para los miembros de la comunidad y los vecinos de los sueños que acabaron en tragedia.
Este reportaje se ha realizado en colaboración con Food & Environment Reporting Network, una organización de noticias independiente y sin ánimo de lucro.
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